Siete organizaciones campesinas instan a la próxima presidenta a establecer un diálogo nacional sobre la crisis del agua y las concesiones del vital recurso.
Siete organizaciones campesinas han solicitado a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, convocar un Diálogo Nacional que incluya a la sociedad y a la población rural, con el objetivo de impulsar la producción primaria y construir un Nuevo Pacto Social para el Desarrollo y Bienestar del país.
Estas organizaciones resaltan la urgencia de atender la crisis hídrica que enfrenta México, la cual se refleja en una sequía que afecta al 75% del territorio nacional. “Se requiere una nueva política de agua que incluya cambios constitucionales y ponga fin al sistema de concesiones y al mercado del agua”, afirmó Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien lidera esta petición.
Además, se enfatiza la necesidad urgente de una estrategia de pacificación que termine con la violencia en el campo y en el país. López Ríos señala que es fundamental desmantelar la alianza entre grupos de poder económico y la delincuencia organizada, que ha contribuido a la expansión del narcotráfico y a la opresión de campesinos e indígenas. “La injerencia del crimen en la política es una estrategia para lograr impunidad y robar recursos del país. En algunos puntos, poder económico, político y crimen organizado son una sola cosa”, aseguró.
Entre otras demandas, las organizaciones proponen la creación de una Banca de Desarrollo Agropecuario con instrumentos de crédito accesibles para impulsar la producción primaria, además de financiamiento para infraestructura de riego, infraestructura post-cosecha y mecanismos de comercialización, y adquisición de insumos y seguros agrícolas y pecuarios.
Consideran esencial priorizar la soberanía alimentaria, recuperar y reorientar el presupuesto rural, detener la devastación ambiental, enfrentar la crisis climática y la sequía, y asegurar el agua como un derecho humano. También exigen poner fin a la violencia y al dominio del crimen organizado en el campo.
La Banca de Desarrollo propuesta estaría dirigida a pequeños productores, quienes constituyen la mayor parte del sector agrícola nacional. La agricultura campesina familiar comprende 3.9 millones de unidades de producción que representan el 72% del sector agrícola nacional, produciendo granos básicos como maíz y frijol, fundamentales para la soberanía alimentaria.
Los líderes agrarios también señalaron la necesidad de renovar la infraestructura productiva, ampliar áreas de cultivo, tecnificar el riego, desarrollar insumos amigables con el ambiente, y mejorar el acceso al crédito y la participación en mercados internos y externos, así como promover una agricultura agroecológica.
Finalmente, subrayaron la importancia de recuperar el presupuesto destinado al campo, recordando que desde 2015 el Presupuesto Especial Concurrente (PEC) ha permanecido estancado en términos reales. Este cambio permitiría organizar mejor el presupuesto y revertir problemas como la disminución en la producción de alimentos, el aumento de importaciones y la destrucción de cadenas productivas.
Las organizaciones firmantes incluyen, además de la UNTA, a la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social por la Tierra (MST), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Central Independiente de Obreros y Campesinos (CIOAC), la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), y la Organización para el Desarrollo Rural Sustentable (OPDRS A.C.).
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