La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha reconocido, mediante un punto de acuerdo, la presencia de grupos criminales operando en importantes rutas de transporte en todo el país, lo que incrementa la percepción de inseguridad y desalienta las inversiones.
La Comisión Permanente destacó que las autoridades deben garantizar el derecho de libre tránsito y la seguridad en las carreteras del país. Por ello, el pleno aprobó un punto de acuerdo exigiendo a las autoridades mejorar la calidad y el servicio de las vías federales.
La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo del PRD subrayó la importancia de las obras de infraestructura carretera, ferroviaria y de transporte y comunicaciones para el desarrollo económico y social del país. Expresó su preocupación por la cancelación o reasignación de los 11 mil millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados para mantenimiento de carreteras, que incluía bacheo, recarpetado, barreras de protección, deshierbe, y limpieza de cunetas y alcantarillado.
Díaz Acevedo recordó que más del 96% de los pasajeros se movilizan por carreteras, en comparación con el 3% por transporte aéreo, y que el 80.9% del transporte de carga también se realiza por carretera.
En el documento, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) implementar acciones de capacitación para los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en carreteras y caminos federales.
Asimismo, pidieron a la SICT supervisar y sancionar el cobro excesivo por arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras. Señalaron que las tarifas cobradas por los concesionarios del servicio de grúa son excesivas y arbitrarias, dejando a los usuarios en un estado de indefensión ante los abusos cometidos. También mencionaron que muchas empresas de grúas operan de manera irregular, sin permisos actualizados o adecuados.
Los legisladores también solicitaron a los titulares de la SICT, Jorge Nuño Lara, de CAPUFE, Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, y de la Profeco, David Aguilar Romero, fortalecer los mecanismos de supervisión de las comisiones cobradas por las recargas en las tarjetas TAG, así como vigilar los derechos y beneficios de los conductores y pasajeros que pagan peajes en las diversas carreteras y autopistas del país.
También instaron a CAPUFE a revisar la viabilidad legal y presupuestaria para exentar el peaje en todas las casetas de la Autopista del Sol durante el ejercicio fiscal 2024, con el objetivo de incentivar la recuperación económica, turística y social de Acapulco.
Finalmente, exhortaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fortalecer los mecanismos de revisión del adecuado funcionamiento de los postes y teléfonos de emergencia, así como del señalamiento vial en las carreteras del país, y a informar al Congreso sobre el avance del programa presupuestario k032 de Reconstrucción y Conservación de Carreteras durante 2024.
Lee también: Sheinbaum planea proyecto de desarrollo regional con Brugada, Delfina y Menchaca