La Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados ha alertado sobre las tendencias globales que amenazan la independencia judicial. En el caso de México, destaca las declaraciones del presidente acusando a los jueces de “corruptos” como una de estas amenazas.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, presentó este martes un informe sobre la independencia del sistema judicial y los desafíos contemporáneos de la democracia. En su informe, Satterthwaite alerta sobre el riesgo que representan las reformas que modifican el nombramiento de jueces con el objetivo de aumentar la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además, subraya “los riesgos que implica la posibilidad de que jueces y magistrados sean nombrados por razones políticas y no por mérito o criterios objetivos”. “Las reformas que buscan cambiar la composición del Poder Judicial, removiendo a jueces actuales, aumentan el riesgo de ‘captura’ de los tribunales”, añadió.
Satterthwaite enfatizó la importancia de que el Poder Judicial sea independiente del control político y de las injerencias gubernamentales. Señaló que en algunos países existe la amenaza de que desde el poder se debilite el sistema de justicia y sus instituciones. “La independencia de los sistemas judiciales debe protegerse frente al declive democrático y el creciente autoritarismo”, afirmó, instando a los Estados miembros de la ONU a “hacer más para defender a los actores de justicia y su papel crucial en la salvaguardia de la democracia”.
Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Satterthwaite comentó que cada vez más gobiernos recurren a amenazas contra los sistemas judiciales, utilizando “la captura, freno, instrumentación y ataques, que han derivado en amenazas, detenciones, tortura, desaparición forzada, violación física y asesinatos”. Añadió que las limitaciones impuestas por los poderes políticos, a través de abusos de poder sobre las instituciones judiciales, se manifiestan mediante cambios legales que reducen sistemáticamente la capacidad de acción de estas instituciones, especialmente en relación con posibles abusos de poder por parte de los políticos.
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