La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con una votación de 22 a favor y 18 en contra, la reforma fue aprobada tras 12 horas de intenso debate. La mayoría legislativa conformada por Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, respaldó las modificaciones propuestas.
La reforma, que contempla cambios significativos como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la disminución de su periodo de gestión de 15 a 12 años, ha generado una fuerte oposición. Los detractores señalan que estas modificaciones podrían comprometer la independencia judicial y favorecer la intervención de poderes externos, incluidos el capital privado y el crimen organizado.
Durante la discusión, se admitió la propuesta de “jueces sin rostro” de la diputada morenista Lidia García Anaya, la cual busca proteger la identidad de los jueces en casos relacionados con delincuencia organizada. Esta medida ha sido vista por algunos como un paso necesario para garantizar la seguridad de los jueces, mientras que otros la critican por su potencial impacto en la transparencia judicial.
A lo largo del debate, la oposición acusó al oficialismo de utilizar la reforma como una herramienta de venganza política, apuntando a que se trata de un cambio impulsado por el Ejecutivo para debilitar al Poder Judicial. En contraste, los defensores de la reforma argumentaron que estas medidas son necesarias para acercar la justicia a la población más vulnerable y eliminar privilegios en el sistema judicial.
La reforma será discutida y votada en la próxima legislatura, que inicia el 1 de septiembre, donde se espera que continúe siendo un tema de intensa controversia.
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